Desde el 15 de enero comenzaron a regir los montos actualizados según el incremento del Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA), aplicables de acuerdo a lo establecido mediante las Resoluciones UIF 127/2012, modificada por la Resolución 78/2025, y la Resolución UIF 169/2023.
Estos umbrales se aplican a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), a los Registros seccionales de propiedad automotor Resolución UIF 127/2012, y a las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros, comprendidas en el artículo 9° de la Ley 22.315 y sus modificatorias.
De acuerdo con el mecanismo establecido en la norma y en virtud del informe emitido por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la República Argentina (SIOMAA) respecto al Índice de Precios del Sector Automotor (IPSA) que se encuentra publicado en la página web de ACARA se actualizan los umbrales con vigencia a partir del16 de enero de 2025, según se detalla a continuación.
Automotores (Resolución UIF 127/2012)
| DESCRIPCIÓN | UMBRAL ANTERIOR | UMBRAL NUEVO |
|---|---|---|
| Registración de automotores. Perfil del Cliente (Resol. 127/2012 art. 16) | $ 115.000.000 | $ 142.641.863 |
| Cesión y/o reinscripción y/o cancelación anticipada de prendas (Resol. 127/2012 art. 26) | $ 43.423.202 | $ 53.860.577 |
| Adquisición de automotores (Resol. 127/2012 art. 26) | $ 50.000.000 | $ 62.018.201 |
Sociedades de capitalización y ahorro (Resolución UIF 169/2023)
| DESCRIPCIÓN | UMBRAL ANTERIOR | UMBRAL NUEVO |
|---|---|---|
| Precancelación de operaciones (Resol. 169/2023 art. 38) | $ 41.753.078 | $ 51.789.017 |
| Cambio de beneficiarios y/o cesiones de planes (Resol. 169/2023 art. 28) | $ 38.412.832 | $ 47.645.895 |
A partir de estos montos se reportará sistemáticamente a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF).
Registros del Automotor: reformar sin destruir
El debate sobre los Registros del Automotor merece una discusión profunda, rigurosa y libre de prejuicios. No porque el sistema no deba modernizarse, toda institución viva lo necesita, sino porque cuando el diagnóstico parte de supuestos erróneos, las soluciones propuestas suelen ser peores que el problema que intentan resolver.
Existe en algunos sectores la idea de que el sistema registral argentino sería sinónimo de burocracia, ineficiencia o incluso corrupción. Se trata de afirmaciones graves que, más allá de su impacto mediático, no están respaldadas por evidencia concreta y omiten aspectos centrales del funcionamiento real del régimen automotor.
Conviene empezar por un punto básico: en la Argentina, la registración del automotor es constitutiva del derecho de propiedad. Es decir, la propiedad nace con la inscripción. No es un trámite accesorio ni una formalidad prescindible, sino el núcleo mismo de la seguridad jurídica que evita fraudes, autos mellizos, ventas múltiples, embargos ocultos o la circulación de vehículos robados. Esa función no la cumple un software, sino el control de legalidad ejercido por un profesional responsable, que responde civil, penal y patrimonialmente por su actuación.
La digitalización, correctamente entendida, es una herramienta valiosa y necesaria. De hecho, los Registros del Automotor se informatizan desde hace más de tres décadas, invirtiendo recursos propios, sin costo para el Estado. Pero digitalizar no es automatizar sin control. Confundir agilidad con ausencia de verificación humana no solo empobrece el servicio: lo vuelve riesgoso.
También se suele afirmar que el sistema es “costoso”, sin aclarar qué se está pagando. La mayor parte de lo que abona un ciudadano al registrar un vehículo no son aranceles registrales, sino impuestos provinciales, tasas municipales e infracciones que el Registro simplemente percibe como agente de recaudación. Culpar al Registro por la carga tributaria es, en los hechos, confundir al intermediario con el decisor.
Otro aspecto sistemáticamente omitido es que el modelo vigente es de gestión privada de una función pública, bajo estricto control estatal. Los encargados acceden por concurso público, financian íntegramente la estructura, sostienen al personal, la tecnología y los insumos, y asumen todos los riesgos. Si ese esquema se reemplazara por uno puramente estatal, el costo recaería sobre el conjunto de los contribuyentes, sin la responsabilidad individual que hoy protege al usuario.
Nada de esto implica negar que el sistema requiera mejoras. Las normas deben actualizarse, los procesos simplificarse y la tecnología profundizarse. Pero una reforma seria no se construye desde la descalificación ni desde etiquetas que presuponen corrupción sin probarla. Se construye escuchando a quienes conocen el funcionamiento cotidiano del sistema y comprendiendo el delicado equilibrio entre eficiencia, control y seguridad jurídica.
Los Registros del Automotor no son un obstáculo al progreso. Son una de las razones por las cuales el crédito prendario existe, los seguros son más accesibles y millones de personas pueden comprar, vender y financiar un vehículo con previsibilidad. Reformar es necesario. Destruir, no. Y el consenso, lejos de ser una debilidad, es la única forma inteligente de hacerlo bien.
FUENTE: argentina.gob.ar
