El Gobierno bonaerense promulgó este martes la Ley 15.531, que reconoce el derecho de los consumidores y usuarios a utilizar personalmente los datáfonos o posnets cuando realicen pagos con tarjetas de crédito o débito, sin tener que entregar sus tarjetas o documentos a los proveedores.
La norma -impulsada por la senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria) y sancionada por la Legislatura el 18 de septiembre pasado- tiene como finalidad resguardar la seguridad y los datos personales de los usuarios, prevenir robos y estafas bancarias e incorporar mejores prácticas internacionales en materia de protección al consumidor.
Según el texto, todos los comercios y prestadores de servicios, públicos o privados, que operen con tarjetas deberán acondicionar sus dispositivos de cobro electrónico en un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la ley.
Según la Secretaría de Comercio, la ley responde a una demanda creciente de los consumidores, quienes reclamaban mayor transparencia y control en el momento de pagar. “El cliente debe tener siempre el control de su tarjeta”, señalaron desde el organismo, que fiscalizará el cumplimiento de la norma.
Los comercios que no acaten la disposición podrán ser sancionados con multas económicas y clausuras temporales. Además, se habilitó una línea de denuncias para que los usuarios puedan reportar irregularidades en el uso del posnet. La medida alcanza a todos los rubros, desde gastronomía hasta servicios profesionales.
La ley también contempla la obligatoriedad de contar con posnets inalámbricos en locales que no puedan garantizar el acceso directo del cliente al dispositivo. Esta exigencia busca evitar excusas logísticas y asegurar que el pago se realice de forma segura en cualquier contexto.
Desde las asociaciones de consumidores celebraron la iniciativa, aunque advirtieron que será clave su implementación efectiva. “Es un paso importante, pero necesitamos controles reales y campañas de concientización”, expresaron. También pidieron que se extienda la medida a plataformas digitales y delivery.
Con esta nueva normativa, Argentina se suma a una tendencia internacional que prioriza la seguridad del usuario en los pagos electrónicos. El desafío será garantizar que la ley se cumpla en cada rincón del país y que los consumidores puedan ejercer su derecho sin obstáculos.
El objetivo: resguardar la seguridad de los usuarios
Durante el debate en el Senado, Demaría precisó que el objetivo de la iniciativa era “resguardar la seguridad y los datos personales de las personas usuarias de tarjetas de crédito y débito; evitar estafas y robos e incorporar a la legislación las mejores prácticas internacionales de la materia”.
Graficó que los delitos más comunes se producían cuando los consumidores entregaban la tarjeta y el DNI al comerciante. “Ese lapso es más que suficiente para fotografiarlos, efectuar múltiples pagos o clonar la tarjeta de crédito o débito”, expuso, pero aclaró que «aquellas personas que quieran seguir entregando al proveedor el DNI y la tarjeta, pueden seguir haciéndolo”.
Campañas de concientización y sanciones
El Poder Ejecutivo provincial definirá la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo la implementación de una campaña de concientización, información y capacitación sobre el uso seguro de tarjetas de crédito y débito.
En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones previstas en la Ley 13.133 de Defensa del Consumidor.
FUENTE: Ámbito
