El Gobierno derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas algunas que ya no regían, como los programas de cuotas Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados, además de otras medidas que, según indicó, «generaban ambigüedad regulatoria y jurídica«. Lo decisión fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026.
Paralelamente, el Gobierno avanza con su agenda legislativa y busca conseguir media sanción en el Senado de la Ley hojarasca, una iniciativa del ministro Federico Sturzenegger. La misma propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de «reducir la sobrerregulación» y avanzar en un proceso de desburocratización del Estado.
Desregulación: que pasará con Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados
Como parte de la medida, el Ejecutivo argumentó que muchas de las disposiciones derogadas habían sido dictadas bajo marcos regulatorios que ya fueron modificados o directamente eliminados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios. Según el texto oficial, esas regulaciones «han perdido su objeto y aplicabilidad».
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno señaló que la acumulación de normas a lo largo del tiempo derivó en un escenario de superposición, dispersión y desactualización regulatoria, lo que dificulta determinar con claridad cuáles continúan vigentes. A su vez, sostuvo que esa situación genera «una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida».
Entre las disposiciones que quedaron sin efecto aparecen 30 normas vinculadas a los programas Ahora 12 y Cuota Simple, mecanismos que intervenían indirectamente sobre las condiciones de financiamiento al consumo.
En referencia a la depuración normativa fue Cuota Simple, el esquema que había reemplazado a Ahora 12 durante la gestión de Javier Milei. La iniciativa permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas a tasas inferiores a las del mercado, pero dejó de funcionar en junio de 2025 y el Gobierno decidió no renovarla.
Durante su vigencia, miles de comercios de todo el país se sumaron al programa para ofrecer financiamiento en cuotas, en muchos casos sin costo adicional para el consumidor. Tras su finalización, bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago lanzaron alternativas propias para sostener las opciones de financiación. Sin embargo, el contexto de tasas más elevadas limitó la expansión de estos esquemas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.
Además, quedó sin efecto una disposición complementaria vinculada a Precios Cuidados, el programa lanzado en 2014 que establecía acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo, como alimentos, artículos de limpieza, perfumería y cuidado personal. Con el tiempo, el esquema se amplió a otros rubros, entre ellos materiales para la construcción, motos y servicios de telefonía celular, y posteriormente derivó en programas similares como Precios Justos.
En cuanto a la no renovación de los programas, los considerandos de la resolución señalan que “se inscribe en el marco de un proceso de normalización del mercado de crédito, buscando restablecer las señales de precio y eliminar las distorsiones en la asignación de capital; por lo que resulta imperativo proceder a la derogación de toda la normativa complementaria y reglamentaria dictada en función de dichos programas”.
“La eliminación de normas innecesarias contribuye a una mayor claridad en el marco legal, y facilita su interpretación y aplicación por parte de los ciudadanos y los operadores jurídicos, lo que reduce la ambigüedad y la incertidumbre jurídica”, sostiene la norma.
Asimismo, se derogó la Resolución N° 236/2021, que permitía a adolescentes de 13 a 17 años presentar reclamos como consumidores en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor y otros sistemas de resolución de conflictos.
Se justifica la derogación porque el Ejecutivo consideró que la normativa actual ya garantiza la protección de los derechos de los adolescentes en las relaciones de consumo, incluyendo procedimientos especiales y trato preferencial para personas en situación vulnerable por edad. La medida busca evitar superposiciones normativas y simplificar los procesos administrativos.
FUENTE: Ámbito
