La Legislatura porteña, aprobó este jueves 11 de septiembre de 2025 una nueva moratoria para aliviar la situación fiscal de los contribuyentes porteños.
La medida será implementada a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y contemplará facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias.
El esquema contempla una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan, brindando una oportunidad concreta para regularizar obligaciones tributarias en condiciones más favorables.
Moratoria en CABA: qué impuestos podrán regularizarse mediante planes de pago
La medida fue aprobada este jueves el Parlamento porteño y abarcará a deudas vencidas al 31 de agosto de 2025, correspondientes a los impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, Publicidad y otros tributos.
Además, los contribuyentes que tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad –ya sea al contado o mediante un plan de pagos–, se extinguirá la acción penal, infraccional y delictual.
Por su parte, los agentes de recaudación también podrán adherirse y regularizar deudas por retenciones o percepciones no ingresadas hasta el 31 de agosto de 2025, en hasta seis cuotas.
AGIP avanzará en las próximas semanas con la implementación del plan, incluyendo los plazos y procedimientos de adhesión, para que su entrada en vigencia se efectivice el lunes 3 de noviembre.
La moratoria sancionada esta tarde por 47 votos afirmativos -sin negativos ni abstenciones- forma parte de un paquete de medidas anunciado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a comienzo del año legislativo, que también incluyó la propuesta de eximir total o parcialmente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a trabajadores no profesionales, y de eliminar el impuesto de Sellos a contratos comerciales, entre otros.
Si bien esas iniciativas aún no fueron aprobadas por la Legislatura, desde Ciudad aseguran que continuarán impulsando su tratamiento legislativo «con el objetivo de avanzar hacia un esquema tributario más justo, que acompañe a los contribuyentes y fortalezca el cumplimiento».
En simultáneo, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires avanzó en el abordaje de uno de los aspectos más discutidos del proceso de cobro judicial: el costo de los honorarios de los mandatarios designados para reclamar las deudas, un punto que había generado controversias por montos considerados desproporcionados en relación con el valor original de la obligación impaga. El proyecto, presentado por Jorge Macri como parte de sus compromisos de campaña, aborda específicamente esta problemática, introduciendo límites claros y un sistema de proporción entre el monto a regularizar y el costo de la gestión judicial.
La información suministrada por las autoridades locales indica que, hasta este cambio legislativo, casos de honorarios que superaban holgadamente el importe original de la deuda eran habituales. Como ejemplo, se reportaron situaciones en las que vecinos afrontaban aranceles de más de $248.000 por regularizar deudas de $50.000, una relación que las nuevas normativas vienen a corregir. La ley aprobada prevé la actualización de los valores judicializados, un ajuste a los mínimos que pueden ingresar en el circuito de gestión de los mandatarios, además de la introducción de una fórmula revisada para la determinación de sus emolumentos.
Desde ahora, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) será responsable de gestionar los procesos de cobro para aquellas deudas menores a $869.785, concentrando el trabajo de los mandatarios jurídicos únicamente en los expedientes de mayor relevancia fiscal. Además, los honorarios a percibir quedarán sujetos a topes vinculados con el importe original, poniendo fin a la distorsión que llevaba a cargos desmedidos en casos de morosidad reducida.
La normativa también contempla otras aristas como la suspensión de litigios para quienes adhieran al plan en etapa judicial y la implementación de facilidades adicionales en la liquidación de intereses para morosos crónicos o deudas acumuladas por prolongados períodos. Asimismo, define nuevos criterios para la apertura de juicios ejecutivos, evitando iniciar instancias judiciales para montos considerados ínfimos dentro del contexto financiero actual de la Ciudad.
FUENTE: InfoBae
